Los familiares de los campesinos que fueron asesinados por policías aquel nueve de febrero necesitan, para sentirse de alguna manera indemnizados, reparaciones civiles y económicas. Aunque el estado es el directo responsable de esto, el Gobierno Regional, no hace más que un acto demagógico al implantar esta fecha recordatoria como el día del campesino ucayalino. Con esta política terminaríamos teniendo veinticuatro días del campesino a nivel nacional.
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